El aumento del 23% en el salario mínimo de 2026 en Colombia, y que dejó la remuneración en $2.000.000, aplicará desde enero y supondrá una presión fiscal para el Estado. La medida, que busca proteger el poder adquisitivo de cerca de dos millones de trabajadores, genera inquietud sobre su sostenibilidad y ya enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado en la que se argumenta la falta de justificación técnica y económica. El Gobierno Petro estableció el aumento con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de una parte de la población activa, disposición que afecta a empleados públicos, contratistas y trabajadores independientes vinculados al Estado.

Con la nueva base, el costo mensual total de un trabajador público que gane ese monto alcanzará cerca de $3.000.000, cifra que engloba salario, auxilio de transporte, prestaciones y aportes. Por otro lado, el Estado tendrá que responder por aumentos en los pagos a contratistas, desembolsando mayores sumas para mantener contratos de prestación de servicios indexados al salario mínimo.

De igual forma, el informe advierte que el impacto no se limita a los trabajadores que reciben el mínimo, sino que supone un reajuste inmediato en toda la estructura de pagos del Estado. “El problema es que no se trata de un grupo aislado. Cuando sube el mínimo, también se ajustan otras escalas salariales que están indexadas y ahí se genera un efecto cascada en toda la estructura de pagos del Estado”, afirmó el socio de auditoría de Crowe Co, Óscar Villarruel.

La dinámica afecta también a los contratos de prestación de servicios, cuyos honorarios suelen calcularse en función del salario mínimo vigente. Renovar o ampliar estos contratos demandará recursos presupuestales adicionales, lo que añade presión al funcionamiento estatal.