El gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) se niega a que dos abogados que defienden los intereses de varios de sus funcionarios testifiquen ante el juez James Boasberg, quien investiga a la administración del presidente Donald Trumpo por un supuesto desacato en relación a la orden de no deportar a un grupo de venezolanos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en marzo de 2025
Boasberg ha solicitado que Drew Ensign, un fiscal general adjunto, y Erez Reuveni, un exabogado del Departamento de Justicia, comparezcan personalmente ante un Tribunal Federal en Washington al considerar que sus testimonios por escrito no eran suficientes para esclarecer si el gobierno de Trump desobedeció o no la orden del juez de no deportar a los ciudadanos venezolanos y de hacer retornar los aviones en los que fueron transportados hacia El Salvador.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó ayer una moción para impedir que Ensign y Reuveni testifiquen. En el escrito argumentan que el Tribunal “usurpa” una función del Ejecutivo y que este ya cuenta con la información suficiente para decidir en el caso.
El gobierno también señala que ya se reveló que la decisión final de enviar a los venezolanos hacia El Salvador la tomó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “después de recibir asesoramiento jurídico privilegiado en relación con la ordend e este tribunal”.
Pero Boasberg señaló el lunes 8 de diciembre que la declaración jurada de la secretaria Noem no permitía determinar si ella había infringido deliberadamente las instrucciones del tribunal, por lo que aún no era posible concluir que incurrió en desacato penal.
“Como se establece en las declaraciones, la secretaria Noem tomó la decisión en cuestión (expulsar a los venezolanos rumbo a El Salvador) y tomó esa decisión después de recibir asesoramiento legal privelegiado del asesor general interno del DHS (Departamento de Seguridad), Joseph N. Mazzara, y de la alta dirección del Departamento de Justicia, fiscal general adjunto, Todd Blanche; y el entonces fiscal general adjunto principal, Emil Bove”, alega el gobierno.
Información privilegiada
En caso de que la moción para evitar el testimonio de Drew Ensign y Erez Reuveni no prospere, los abogados del gobierno solicitan al juez Boasberg que mantenga las declaraciones “bajo sello”, es decir, sin acceso público. Esto bajo el argumento que la información que ambos letrados tienen es información de privilegio entre abogado y cliente.
Poner a estos abogados (Ensignd y Reuveni) en el estrado e invitar al contrainterrogatorio por parte del abogado contrario plantea un riesgo intolerablemente alto de violar el privilegio abogado-clientel”, argumentan.
