Lo que antes costaba entre 12 y 15 mil pesos, hoy no se consigue por menos de 35 mil. En plena temporada decembrina, usuarios del transporte en Barranquilla denuncian lo que califican como un verdadero abuso en las tarifas.

Para el ciudadano común, movilizarse por la ciudad se ha convertido en una lucha diaria. Ya no es solo el conocido y molesto “no voy para allá”, sino los cobros excesivos que se imponen tanto en taxis como en aplicaciones de transporte. Según los usuarios, los precios ya no responden a la norma ni a la distancia, sino a la decisión del conductor.

Esta situación se repite en distintos puntos de la ciudad, mientras el control por parte de las autoridades parece insuficiente. El ambiente festivo de diciembre se ve empañado cuando muchos sienten que, más que pasajeros, son vistos como una oportunidad para aumentar ganancias en una época de alta demanda.

Una de las afectadas, Luisa De la Hoz, aseguró que trayectos cortos han triplicado su valor. Señala que algunos conductores se amparan en los trancones para inflar las tarifas y cobrar sumas exageradas.

A esto se suma la demora para conseguir un servicio que no desajuste el presupuesto diario. Juan Esteban Lamarca contó que, en ocasiones, puede pasar hasta 40 minutos intentando que alguien acepte una carrera en las plataformas. Y cuando se opta por tomar un taxi en la calle, muchos solo quieren recorrer pocas cuadras.

Las aplicaciones de transporte tampoco escapan a las quejas, pues los usuarios aseguran que las tarifas también se disparan en esta temporada.

Ante este panorama, se consultó al Área Metropolitana de Barranquilla. Su director, Libardo García Guerrero, recordó que existe una tarifa oficial para el servicio de taxi y que el pasado 5 de noviembre se envió una circular a las 21 empresas legalmente constituidas, reiterando el cumplimiento obligatorio de los precios autorizados.

En el documento, la entidad advierte que cualquier cobro diferente al establecido constituye una infracción sancionable, según el Decreto 1079 de 2015 y otras normas vigentes.

Los conductores que incumplan se exponen a multas que pueden llegar hasta 700 salarios mínimos, además de la inmovilización del vehículo y sanciones tanto para el conductor como para la empresa.

Para el año 2025, la tarifa mínima autorizada para los taxis en Barranquilla será de 7.500 pesos.

En cuanto a las plataformas digitales, desde el Área Metropolitana se aclaró que algunas están cuestionadas por operar con vehículos particulares no autorizados. Sin embargo, precisaron que aplicaciones como Uber, Cabify e InDrive también prestan el servicio formal de taxi, lo cual está permitido, siempre y cuando no se utilicen vehículos particulares para transporte público.

Desde el Área Metropolitana se recordó que el recargo nocturno autorizado solo puede aplicarse entre las 8:00 de la noche y las 4:59 de la madrugada del día siguiente.

De igual manera, se aclaró que los recargos deben sumarse únicamente cuando correspondan, pero bajo ninguna circunstancia se puede cobrar al mismo tiempo el recargo nocturno junto con el recargo por domingo o día festivo.

La entidad también enfatizó que, para realizar el cobro de las tarifas oficiales, el conductor debe portar obligatoriamente la tabla de tarifas vigente para el servicio individual de taxi, visible en la Tarjeta de Control. Este documento debe ser expedido por la empresa transportadora y estará vigente hasta la implementación del sistema SIT-TPI-AMB, tal como quedó establecido en el Acuerdo Metropolitano 001 de 2020.

Canales habilitados para denuncias

El director del Área Metropolitana, Libardo García Guerrero, señaló que existen canales formales habilitados para que los ciudadanos presenten sus quejas por cobros irregulares. Estas denuncias permiten abrir procesos de investigación que pueden derivar en sanciones de hasta 700 salarios mínimos.

Finalmente, reiteró que la entidad mantendrá las acciones de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de asegurar que las tarifas sean respetadas por empresas y conductores, proteger los derechos de los usuarios y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.