Una madre venezolana denuncia que lleva 27 días esperando que Medicina Legal en Barranquilla le entregue el cuerpo de su hijo, asesinado en La Sierrita. Las demoras en la verificación de huellas y la espera de una prueba de ADN prolongan un duelo que asegura no poder vivir.

El dolor de una madre extranjera que busca despedir a su hijo se ha convertido en un caso que pone en evidencia las fallas en los procesos forenses, las barreras administrativas binacionales y la lentitud institucional que afecta a cientos de migrantes en Colombia.

Andrea Carolina Rodríguez López, migrante venezolana, denunció públicamente las graves dificultades que enfrenta desde hace casi un mes para lograr la entrega del cuerpo de su hijo, Angelo Jesús Rodríguez, asesinado el 25 de octubre en el barrio La Sierrita, en el suroccidente de Barranquilla.

“Han pasado 27 días desde la muerte de mi hijo y Medicina Legal no me ha entregado el cuerpo debido a retrasos en la verificación de huellas dactilares”, relató con voz quebrada. Sin embargo, afirma que dicho proceso jamás podrá completarse debido a restricciones impuestas en Venezuela a quienes emigraron. Según explica, “jamás y nunca las huellas van a llegar porque todo venezolano que salió para otros países, el presidente le bloqueó las cédulas”.

Ante la imposibilidad de confirmar su identidad por huellas, Medicina Legal procedió a tomar una prueba de ADN, pero Andrea asegura que ya han pasado 18 días desde ese trámite y le informaron que podría tardar hasta 90 días, un lapso que considera inhumano frente a su dolor.

“Ya no sé qué hacer, ando desesperada… no he podido pasar el duelo ni sepultar a mi hijo. Era lo único que tenía”, expresó entre lágrimas, destacando que el cuerpo permanece en las instalaciones forenses sin posibilidad de ser reconocido.

La madre insiste en que el joven no tenía enemigos ni antecedentes que lo relacionaran con actividades delictivas. “Como que fue un intento de atraco, porque no tenía problemas ni andaba en cosas malas”, señaló al recordar el ataque que acabó con su vida.

Andrea hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que evalúen alternativas y aceleren la entrega del cuerpo: “Mi hijo ya está podrido. Lo único que quiero es sepultarlo. Con el documento que le entregaron aquí en Colombia lo pueden identificar”.

Su testimonio revive las preocupaciones de organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos sobre los persistentes retrasos en procesos forenses que afectan a familias, especialmente a quienes enfrentan barreras de documentación o estatus migratorio.