Una de cada tres leyes con impacto fiscal en Colombia se aprueba sin que sea posible estimar con precisión su costo, una situación que está elevando los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así lo advierte el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que alertó sobre la necesidad de fortalecer la capacidad técnica del Congreso para evaluar el impacto presupuestal de las iniciativas legislativas.

El problema no es menor, ya que según el informe, otras 17 leyes sí tuvieron un costo fiscal estimado, que en conjunto alcanzó los $11,4 billones, el nivel más alto registrado en la historia reciente. Sin embargo, esta cifra no incluye el impacto de las normas que no pudieron ser medidas, lo que sugiere que el costo real de las decisiones legislativas podría ser aún mayor. Este aumento en el gasto legislativo marca un cambio relevante frente a la tendencia histórica si se tiene en cuenta que entre 2003 y 2010, el impacto anual promedio se ubicaba en torno a los $2,8 billones, con algunos picos en años posteriores. No obstante, en los últimos años se ha observado un repunte que culmina en 2024 con el mayor nivel de presión fiscal derivada de leyes aprobadas.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis es que la mayor parte del gasto generado por estas normas tiene carácter permanente. Esto significa que no se trata de compromisos puntuales, sino de obligaciones que se incorporan de manera estructural al presupuesto y que deben financiarse de forma recurrente en los años siguientes, reduciendo el margen de maniobra del Estado.

Este fenómeno se suma a una característica estructural de las finanzas públicas colombianas y es la alta rigidez del gasto. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, más del 85 por ciento del presupuesto del Gobierno nacional está comprometido por obligaciones legales o constitucionales, lo que limita significativamente la capacidad de ajuste ante choques económicos o necesidades emergentes.

En este contexto, “la aprobación de leyes sin una estimación clara de su costo agrava el problema, ya que introduce nuevas presiones sobre un presupuesto que ya tiene un margen reducido. Esta situación disminuye la capacidad del Estado para anticipar el impacto de sus decisiones y para gestionar de manera sostenible las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, según dice el reporte.

El Observatorio Fiscal también señala un problema institucional que está en la base de esta situación. Aunque la legislación colombiana exige que los proyectos de ley que ordenan gasto incluyan una estimación de su impacto fiscal, en la práctica esta información no siempre está disponible o no es suficientemente robusta para permitir una evaluación completa.

A esto se suma la ausencia de una instancia técnica independiente dentro del Congreso que permita analizar de manera rigurosa el costo de las iniciativas. La Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, creada por la Ley 1985 de 2019, tiene precisamente ese propósito, pero hasta la fecha no ha sido puesta en funcionamiento, lo que limita la autonomía técnica del Legislativo.