El Ejército Nacional confirmó que la explosión registrada en zona rural de Pailitas, donde murieron dos civiles, fue un ataque terrorista perpetrado con un cilindro cargado de explosivos, presuntamente por el ELN. El atentado iba dirigido contra unidades de la Fuerza Pública.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ejército Nacional informó que un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo, provocando la muerte de dos civiles, identificados como Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, quienes, según las autoridades, serían comerciantes de la región. En el lugar fueron hallados los restos desmembrados de las víctimas.
“Condenamos el ataque terrorista ocurrido en zona rural del municipio de Pailitas, donde un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo. Allí perdieron la vida dos personas civiles, un padre y su hijo”, señaló la institución.
De acuerdo con la información oficial, el atentado no iba dirigido contra las víctimas, sino que presuntamente tenía como objetivo a integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones de control territorial y protección de activos estratégicos de la nación en esta zona del sur del Cesar.
El Ejército atribuyó de manera preliminar la acción criminal al grupo armado organizado ELN, específicamente al frente Camilo Torres Restrepo, señalando que el hecho constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos, al afectar directamente a la población civil.
Asimismo, se informó que, en coordinación con autoridades departamentales y locales, se reforzó el dispositivo operacional en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este ataque y fortalecer las acciones de seguridad en el territorio.
Óscar Arévalo era un reconocido comerciante, mientras que su hijo Juan Diego era estudiante de Psicología, noticia que ha causado profunda conmoción en la comunidad ocañera, donde familiares, amigos y conocidos han expresado su dolor por la trágica pérdida.
Este hecho ha generado rechazo generalizado y vuelve a encender las alarmas sobre la situación de orden público en las zonas rurales del sur del Cesar, donde la presencia de actores armados ilegales sigue representando una amenaza directa para la población civil.