Las obligaciones corresponden a trabajos de dragado, mantenimiento y acciones ambientales y sociales desarrolladas por el contratista. Con intereses de mora la deuda total se estima en 508 mil millones de pesos.

Uriel Ávila, líder social del sur del Atlántico, señaló que las comunidades de las poblaciones ribereñas están bajo alerta.

“Para nosotros es preocupante, debido a que después de tanto tiempo habíamos logrado que el Consorcio y la ANI y todos ellos pudieran incluir en el tema del contrato el tema de los puntos críticos, ya que hablábamos que mientras que esperábamos 22 meses de un tema de aprobación de licencia ambiental”, dijo.

Comunidad pide no generar incertidumbre

El líder comunitario alertó que el proyecto no puede continuar bajo incertidumbre ya que está latente el fantasma de una liquidación anticipada del contrato, lo que implicaría en millonaria indemnización a favor del contratista y la región sin la importante obra que beneficiará a 1,3 millones de habitantes.

La paralización de los trabajos de dragado podría afectar cuerpos de agua y la navegación del Canal del Dique.